Se acoge con agrado la postura contra la pena de muerte

Por Arzobispo Gregory M. Aymond

El gobernador John Bel Edwards anunció el mes pasado que, pedirá a la Junta de Indultos y al Comité de Libertad Condicional del estado, que reconsideren las solicitudes de indulto presentadas por los 56 presos condenados a muerte en Luisiana. ¿Qué opina de la postura del gobernador?

Yo, junto con los otros seis obispos Católicos de Luisiana, aplaudo al gobernador por su posición. Dejemos una cosa muy clara. Actuando por su cuenta, el gobernador, no tiene la facultad según la ley estatal, de conmutar las sentencias de los presos condenados a muerte. Sólo puede actuar después de que la junta de libertad condicional, celebre una audiencia de indulto, y le haga una recomendación a cada caso, de manera individual. Otra cosa que, debe quedar clara, es la siguiente: los 55 hombres y una mujer, actualmente condenados a muerte en Luisiana, nunca saldrán de prisión. Incluso, si se conmutaran sus sentencias de muerte, se les garantizaría pasar el resto de sus vidas en prisión, por los crímenes que cometieron, a menos que existiera una prueba fáctica de su inocencia. La sociedad debería estar protegida de cualquier daño futuro. San Juan Pablo II dejó muy claro que, nunca se debe quitar la dignidad de la vida humana, ni siquiera en el caso de alguien, haya hecho un gran mal.

La sociedad moderna tiene los medios para protegerse, sin negar definitivamente a los delincuentes, la posibilidad de reformarse. En 2018, el Papa Francisco actualizó oficialmente el “Catecismo de la Iglesia Católica”, calificando la pena capital como “un ataque a la inviolabilidad y la dignidad de la persona” y considerándola “inadmisible”, en todos los casos. Siempre debemos tener presente los principios Católicos de justicia restaurativa: apoyar y restaurar a la familia de la víctima; hacer responsable al infractor de su delito; y proteger a la comunidad en general. La pena de muerte es una cuestión de pro-vida, y la Iglesia ha sido consistente en abogar por su abolición. Hay maneras de proteger a la sociedad sin recurrir a la pena capital.

¿Cuál es el estado actual de las apelaciones de indulto?

Según tengo entendido hasta ahora, la junta de libertad condicional, ha acordado escuchar aproximadamente 20 de los 56 casos condenados a muerte. Apoyaríamos, como mínimo, incluir los 56 casos en la lista de expedientes de la junta de libertad condicional, antes de que el gobernador deje su cargo en enero. No sabemos cuánto durarán las audiencias de indulto, ni cuándo se podría llegar a una decisión. Podrían pasar meses. Evidentemente, son casos difíciles. Nuestra enseñanza Católica deja claro que, apoyamos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y apoyamos y oramos por la sanación de las víctimas. Aquellos que han ofendido a otros, con acciones tan malas, nunca saldrán de prisión. Incluso, si se ve la cuestión desde un punto de vista puramente económico – y nosotros no lo somos – a los contribuyentes del estado les cuesta 15 millones de dólares al año, mantener un corredor de la muerte en Luisiana, en gran parte, debido a los honorarios legales.

¿Qué le impresionó de las declaraciones del gobernador, sobre la pena de muerte?

Dijo algo que consideré muy prudente. La pena de muerte es definitiva y, cuando se comete un error, que no se puede recuperar. Todo el mundo sabe que, se han cometido errores al condenar a muerte a personas. Desde 1999, nueve personas han sido exoneradas del corredor de la muerte, en Luisiana.

¿Hubo algún movimiento en la reciente sesión legislativa, para abolir la pena de muerte?

Tuvimos a muchas personas que testificaron en la Cámara de Representantes de Luisiana, a favor de un cambio en la ley estatal, pero ese proyecto de ley, nunca salió del comité. Continuaremos abogando por el fin de la pena capital en el estado. Pedimos a los votantes que vean esto, a la luz de su compromiso con la causa pro-vida, y que escriban a sus legisladores, sobre su apoyo a la abolición de la pena de muerte. Ejecutar personas en nombre del Estado, no es coherente con nuestra ética pro-vida. El Estado, sólo ha ejecutado a una persona en los últimos 20 años. Gerald Bordelon fue ejecutado en 2010, tras renunciar a sus apelaciones. Nos sumamos a la acción del gobernador, para que la Junta de Indultos y el Comité de Libertad Condicional de Luisiana, programen audiencias de indulto para cada persona condenada a muerte. Al mismo tiempo, continuamos orando por las víctimas y sus familias, y por su sanación y, por el fin de la violencia en nuestras comunidades.

Las preguntas para el Arzobispo Aymond pueden enviarse a: clarion [email protected].